El diario El Espectador ha publicado una nota escrita por el periodista Sebastián Jiménez, en la cual da cuenta de la campaña que hemos creado en CitizenGo, para reclamar la renuncia del magistrado Jorge Iván Palacio por el prevaricato cometido al presentar una ponencia sobre la Demanda D-0010315, en la cual tiene un evidente conflicto de intereses, en vez de declararse impedido para conocer el caso y repartir la demanda a otro magistrado.

Que hay un conflicto de intereses es de público conocimiento, lo reconoce el mismo periodista: El magistrado es tío del padre biológico de la menor cuya adopción fue reclamada por una pareja de lesbianas, y concedida por una sentencia de la Corte Constitucional que contó con el voto favorable del magistrado Palacio. Al destaparse el fraude en la tutela presentada por la pareja de lesbianas ha quedado patente la nulidad de la sentencia proferida por la Corte, y con esta nueva demanda, el magistrado busca salvar la adopción de su sobrina-nieta. Es innegable que el magistrado Palacio tiene intereses particulares en conceder esta demanda de constitucionalidad, y no puede esperarse de él un pronunciamiento justo e imparcial sobre el caso.

Pero para El Espectador, esto no representa ningún problema, la independencia judicial y el respeto al debido proceso son cuestiones secundarias:

El problema de todo esto es que tanto la Iglesia Católica como CitizenGO no se pronunciaron durante el tiempo que se le da a la sociedad civil para referirse a cualquiera de los debates que hay en la Corte Constitucional mediante conceptos o comunicados. No lo hicieron sino ya cerrado el debate por lo que algunas personas consultadas por este diario temen que el objetivo, al final, no sea enriquecer el debate sino entorpecerlo.

¿Puede “entorpecerse” un debate que ha sido comprado de antemano? Más aún, ¿Puede haber “debate” alguno cuando el juez tiene decido previamente el resultado de éste? La independencia judicial y el debido proceso son principios elementales para que los procesos judiciales puedan emitir resultados justos.

Véase simplemente el trato que en el proyecto de fallo se le da a las intervenciones de los organismos públicos y privados, hechas en el tiempo en que la Corte las reclamó. Cuando entra a analizar la evidencia científica sobre los efectos en los menores de la crianza por parejas homosexuales, se limita a acumular las intervenciones a favor de la adopción, y citarlas como “la evidencia científica mayoritaria”, sin percatarse siquiera de que la mayoría de intervenciones a favor comparten buena parte de la bibliografía científica que citan. A su vez, cuando la Corte fue puesta frente a los estudios científicos que sí encontraron efectos serios en los menores criados por parejas del mismo sexo, el magistrado ponente los desecha. No por consideraciones metodológicas, sino con la falacia ad hóminem de que “es el resultado de la financiación de un instituto conservador, con una agenda de discriminación a la población LGBTI”, y descalifica la intervención completa de una Universidad a la cual pidió el concepto acusándola de ser “el resultado de estereotipos y lenguaje discriminatorio que la propia Corte Constitucional ha considerado inadmisible”.

Así es que para el magistrado Palacio, cualquier intervención opuesta a la agenda LGBT será inadmisible por “discriminatoria”, y con ella, cualquier evidencia científica aportada, sin importar su contenido o su rigor. ¿Quiere el periodista más razones de por qué es inútil conceptuar en un proceso cuyo resultado ya ha sido decidido previamente por el juez? Cuando reclamamos la renuncia del magistrado Palacio y su salida de este caso en que hace de juez y parte, no entorpecemos ni boicoteamos el debate, sino exigimos las condiciones mínimas, independencia y respeto al debido proceso, para que en este se garantice la participación justa de la ciudadanía.

El Presidente del Consejo Nacional de Laicos, Luis Alfonso Martínez Villamizar, ha presentado un incidente de nulidad frente al trámite de la demanda D-10315, con la que pretenden permitir que las parejas homosexuales puedan adoptar, a causa de las violaciones contra el debido proceso que la Corte está cometiendo.

En primer lugar, el presidente del CNL alega que se cometió una irregularidad de trámite al admitir la demanda sobre una norma que ya ha sido revisada por la Corte, y ha hecho tránsito a cosa juzgada. En efecto, las normas que regulan la adopción ya habían sido revisadas por la Corte en la sentencia C-814 de 2001, y en la sentencia C-577 de 2011 la Corte ya se había declarado inhibida para juzgar sobre la norma demandada. Además, que la Corte es incompetente pues según la cláusula general de competencia, las adopciones son materia que compete al Congreso, y  habiendo en trámite un proyecto de Acto Legislativo sobre este tema, la Corte interfiere abiertamente en las funciones legislativas.

En segundo lugar, se recuerda que el magistrado ponente está incurso en una causal de impedimento por ser el tío del padre biológico de la menor cuya adopción fue reclamada por las las señoritas Verónica Botero y Ana Elisa Leiderman en el expediente T-2.97191 y concedida por la Corte en la sentencia SU-617 de 2014, que contó con el voto positivo del magistrado Palacio, ponente en esta nueva demanda.

Por el vinculo del parentesco el padre de la menor y la menor en trámite de solicitud de adopción están respectivamente en tercero y cuarto grado de consanguinidad con el Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, quien conforme a la ley resulta incompetente para sustanciar el proceso desde el momento que se conoció de los hechos por estar incurso en el impedimento. Adicionalmente, cursan acciones penales ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el H. Magistrado Palacio y otros magistrados de la Corte Constitucional que conforman esa sala precisamente por los punibles relacionados con la expedición de de sentencias que vulneran sus competencias.

El vicio de nulidad procesal es insubsanable y el proyecto de fallo radicado por el H. Magistrado Sustanciador Dr. Jorge Iván Palacio debe rechazado por la Sala Plena y declarada la nulidad que afecta el presente proceso.

En tercer lugar, se recuerda que la demanda contradice normas constitucionales y tratados internacionales que ratifican que la adopción es una medida de protección al menor, que por lo tanto no admite alegaciones por discriminación cuando el menor tiene derecho a una familia idéntica a la biológica que ha perdido. Ene ste sentido, se recuerda que “Los presupuestos normativos y constitucionales que dieron lugar a la expedición de la Sentencia C-814 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, no se han modificado, por lo cual es improcedente tramitar el presente juicio, y por tanto antes de dictar sentencia se debe subsanar con el rechazo de la demanda”

A continuación, el incidente de nulidad completo.

Reproducimos el artículo del escritor Juan Manuel de Prada, publicado originalmente en el diario ABC.

UN amable lector me solicita que explique más detalladamente esa alianza anticrística entre islamismo y laicismo que mencionaba en un artículo anterior. Me permitiré ilustrar tal explicación con citas de una irresistible novela de Chesterton que aborda proféticamente estas cuestiones, La taberna errante, dominada por la figura de lord Ivywood, un líder liberal encandilado con el progreso humano. A Ivywood lo mueve un secreto aborrecimiento del cristianismo, que considera una religión contraria al progreso; para erradicarla, propone muy taimadamente al Parlamento un plan de modernización de Inglaterra, empezando por el cierre de las tabernas (medida que encubre su odio a las alegrías cristianas, que siempre se han congregado en derredor del vino). Así actúa el laicismo: se envuelve con chácharas reformistas y modernizadoras, invoca razones de higiene pública y progreso social; pero tales aspavientos no son sino farfollas con las que camufla su odio constitutivo y medular a la fe cristiana.

Para ayudar a camuflar ese odio, Ivywood se muestra partidario de una «compenetración de civilizaciones» que expone con palabras melifluas y ecuménicas: «Vivimos en una época en que los hombres empiezan a darse cuenta de que un credo tiene tesoros para los otros credos, una religión tiene secretos que revelar a las otras, una fe puede comunicarse con otra y una Iglesia enseñar a otra Iglesia. (…) ¿Por qué no vamos a admitir que a su vez el islam puede ofrecernos algo precioso, algo susceptible de sembrar la paz en miles y miles de hogares?». Ivywood se muestra convencido de que el islamismo «es la religión con más potencial progresista que existe»; y de que puede facilitar «el crecimiento perpetuo hacia la perfección infinita», que es el fin último de la religión democrática. Por supuesto, la fascinación de Ivywood por el islam no es sino el disfraz con el que oculta su afán por demoler el patrimonio espiritual del cristianismo. Ivywood ve en el islam un catalizador; o, dicho más exactamente, un antítesis hegeliana que facilitará, una vez rotas las barreras cristianas, una síntesis fundada sobre «la evolución, la relatividad y la expansión progresiva del pensamiento».

Como todo progresista, Ivywood piensa que «el mundo está mal hecho»; y, en un rapto de endiosamiento, afirma tajante: «Y yo voy a rehacerlo a mi antojo». En un pasaje especialmente sobrecogedor de la novela, Ivywood muestra su aversión hacia el arte clásico y aboga por un arte en el que se vayan difuminando las figuras, hasta concluir en la pura abstracción. Su interlocutor le opone: «Todo se puede combinar hasta un cierto punto, pero más allá de ese punto la identidad desaparece y con ella todo lo demás». Pero eso es lo que Ivywood anhela: «Quiero la ruptura de barreras y nada más». Tal confesión abruma y horroriza a su interlocutor: «¡Pero la ruptura de tales barreras… tal vez signifique la destrucción de todo!». A lo que Ivywood asiente, ensoñador: «¡Es posible!». Por fortuna, para frustrar el designio de Ivywood se halla Patrick Dalroy, un capitán irlandés, fiel a la alegría de las tabernas y a la fe de sus ancestros, que sabe que las sociedades colapsan cuando reniegan de su tradición espiritual y cultural. Cuando le preguntan por el «gran destino» que le aguarda al Imperio Británico, Dalroy lo resume en cuatro episodios: «Victoria sobre los bárbaros. Empleo de los bárbaros. Alianza con los bárbaros. Conquista por los bárbaros».

Y es que, en efecto, no hay otro destino sino la conquista por los bárbaros para los pueblos que han renegado de su tradición. Por eso laicismo e islamismo, el Jano bifronte del Nuevo Orden Mundial, se necesitan como la uña y la carne.

(CEC) La gran lección que deja la Marcha por la Vida que se desarrolló este jueves en Washington (Estado Unidos) es la unidad y el trabajo constante que deben tener los grupos pro vida. Así lo ha manifestado la directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida, Dra. Danelia Cardona Lozada que estuvo presente en la multitudinaria manifestación.

"Los ríos de gente que podemos ver es el fruto de 42 años de lucha a favor de la vida, es el trabajo diario y constante de sensibilización", manifestó Cardona Lozada.

Otro aspecto que destaca es la fuerte presencia y organización de grupos pro vida parroquiales y diocesanos. "Hay una fuerte presencia de la Iglesia", resaltó

Tras esta marcha, los retos para los pro-vida colombianos son los de profesionalizarse y estructurarse en redes para hacer más efectivo su trabajo. "Se debe organizar estrategias para alcanzar las metas que buscamos", advirtió Cardona Lozada.

Finalmente comentó que ha logrado reunirse con varios grupos pro-vida. Destacó que estos grupos admiran al país por ser un país creyente, sin embargo reconoció que hay una "realidad oscura" del aborto que no es conocida y debe ser otro de los retos para los pro vida colombianos.

Bogotá (Jueves, 22-01-2015, Gaudium Press) Entre el 11 y 12 de febrero próximos, se realizará en el Paraninfo de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá, la 6ª. Edición del Congreso Internacional de la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, bajo el tema "Derecho y Derechos - A los 800 años de la Carta Magna". Además de la acogida de la Universidad Católica, el Congreso es auspiciado por el Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas, la Unión Internacional de Juristas Católicos, y el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II.

Catedráticos nacionales e internacionales se darán cita en la Universidad Católica para abordar diversos tópicos relacionados con el tema principal, tales como "El orden jurídico medieval y la Carta Magna"; "El derecho y los derechos en las Declaraciones de finales del S. XVIII"; "El derecho y los derechos en las constituciones y declaraciones contemporáneas", y "La cuestión de los derechos en el postconstitucionalismo", en exposiciones que combinan la visión histórica con la realidad actual.

Entre otros invitados de renombre, se encuentra el profesor Miguel Ayuso, de la Pontificia Universidad de Comillas (Madrid), quien es presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos.

La entrada es libre, previa inscripción. Mayores informes en el teléfono (57 1) 3277300 o en

(CEC) El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Mons. Luis Augusto Castro Quiroga, en una rueda de prensa, ha reiterado que la Iglesia, en ningún caso, acepta la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo.

El prelado hizo un llamado a la Corte Constitucional para que haga respetar los derechos de los menores y que no confunda la adopción como un derecho de los adoptantes.

Audio: Lectura comunicado prensa

"La adopción, es un derecho internacional y en nuestra legislación, es considerada como una medida de protección al menor, por ello su "fin primordial" es el de brindar al menor de edad "las máximas garantías para un sano crecimiento y desarrollo humano", señala un comunicado presentado.

También subrayó que "numerosas investigaciones científicas" evidencian "serias dudas" de que parejas del mismo sexo sean idóneas para brindar a los menores de edad un adecuado espacio de desarrollo psicoafectivo y de integración social.

"No hay lugar a interpretaciones equívocas: ni siquiera en el caso en el que el menor sea hijo biológico de uno de los miembros de la pareja, puede considerarse la adopción como la vía idónea para garantizar sus derechos", señala el comunicado.

Finalmente el episcopado recordó a la Corte Constitucional que "no está capacitada para legislar o para modificar la Carta Magna". Pidió que se respete el artículo 42 que consagra la naturaleza propia y específica de la familia como la unión de un hombre y de una mujer.

Descargar: Comunicado de prensa de la CEC

Reproducimos el artículo del P. Javier Olivera Ravasi, publicado originalmente en su blog en InfoCatólica.

Suele haber entre los cristianos un cierto complejo cuando se oye hablar de la “guerra por Cristo” o de “dar la sangre por defender la Fe”. El enemigo de la Iglesia Católica ha venido repitiendo hasta el cansancio que “el valor supremo es la Paz” y que nada puede oponérsele, sea cual fuere el motivo de la contienda.

Dicha posición ha sido calificada como la“herejía” del “irenismo” (de eirene, en griego, “paz”); en resumen, esta postura dice que siempre hay que aguantar cualquier tipo de agresión, tanto a uno mismo como a un tercero y jamás responder con violencia.

Pero esto no ha sido así siempre y si algo fue verdad antes, también puede serlo ahora. La Iglesia no nació ayer y el problema de la guerra ha existido desde la creación del mundo; en el ámbito de la teología se denomina con las palabras de “guerra justa” al modo de oponer, contra malicia, milicia…, máxime cuando se trata de defender lo propio o lo de un tercero.

Ya la Sagrada Escritura tiene innumerables testimonios del uso de la violencia ordenadamente. El mismo Señor, en un pasaje que los pacifistas prefieren olvidar, tomó unas cuerdas y haciendo un látigo expulsó a los mercaderes del Templo en razón del celo que le causaban las cosas de Su Padre (Jn 2,15).

Pero ya desde san Agustín y san Ambrosio, dos santos padres de la Iglesia (siglos IV y V), se fue gestando la sana doctrina del uso de la violencia como parte de la virtud cardinal de la fortaleza. El cristiano amará la paz, pero conocerá que muchas veces es necesario alcanzarla y sostenerla por vía del combate.

Como bien señala Caponnetto[1] siguiendo a san Isidoro, “ninguna guerra puede ser justa, a no ser por causa de vindicta o para rechazar al enemigo” (Etimología, XX), pero en esos casos la acción punitiva será un recurso honesto. Y de tanta honestidad que, al decir de Nico­lás I, estando en juego las leyes de Dios, la defensa propia, “la de la patria y la de las normas ancestrales”, ni siquiera la Cuaresma podría suspenderla o postergarla (Responsa Nicolai ad consulta Bulgarorum, 46). Defender a Dios y a la Patria son obligaciones tan graves para el cristiano, que por cumplirlas debe estar dispuesto a armarse “en la milicia temporal”, con una conducta tal –dice Radero– “que no pierda en modo alguno el alma que vive para siempre” (Praeloquiorum Libri sex, 1,11). Opiniones firmes y unívocas que de un modo u otro reiteraron Pedro Damián o el Obispo Rufino, san Anselmo de Canterbury, Yves de Chartres, Abelardo o Alejandro II, entre otros.

En el esplendor del siglo XIII, sus sabios y sus santos volvieron a reiterar la doctrina de siempre: Raimundo de Peñafort en la Summa de Paenitentia, Enrique de Susa en su Summa Áurea, Alejandro de Hales en De lege punitionis, y el gran san Buenaventura quien comentando el Evangelio de san Lucas, dirá rotundamente que “hay causa conveniente (de guerra lícita) cuando se trata de la tutela de la patria, de la paz o de la fe” (Commentarium in Evangelium Lucas, III, 34). El mismo santo Tomás de Aquino trató el tema profusamente en varias de sus obras teológicas justificando e incluso compeliendo a la guerra cuando se trata de salvaguardar un derecho. Otro tanto se encontrará en los tra­tadistas de las centurias posteriores, autores de grandes Summas orientadoras, como la Astesana, la Pisana o la Angélica, hasta que en la España del siglo XVI brillan las cumbres de la teología abocadas a tan candente problema. Los nombres de Vitoria, Cayetano, Martín de Azpilcueta, Domingo de Soto o Melchor Cano no necesitan presentación ni comentario, aunque el especialista pudiera –con todo derecho– señalarnos otros tantos como los de Alfonso de Castro, Diego de Covarrubias, Domingo Báñez, Luis de Molina o Francisco Suárez. Los argumentos fluyen y discurren apasionadamente, ora en contradicción, ora en concordia, ri­cos en casos, ejemplos, situaciones y condiciones, pero ninguno de ellos cree que el católico deba claudicar pasivamente en la defensa de sus principios.

Más próximo a nosotros, el Papa Pío IX, condenó en el Syllabus los enunciados pacifistas, y el mismo Benedicto XV –a quien le tocó regir la Iglesia durante la Primera Guerra Mundial– distinguió entre los horrores de la contienda, la conveniencia de una verdadera paz y la doctrina moral tradi­cional que justifica determinadas luchas. Pío XI, como bien se sabe, apoyó y bendijo sin reservas la Cruzada Española de 1936 y la noble resistencia cristera de los católicos mexicanos (1926-1929), en documentos tan límpidos como emocionantes y aleccionado­res, siendo su sucesor Pío XII quien nos ha legado quizás, en­tre los pontífices modernos, las más elaboradas razones sobre la paz y la guerra, las armas y la justicia, y el deber cristiano de hacer frente a la iniquidad. No la inmoralidad de la guerra de agresión, enseña Pío XII, no el armamentismo provocador y amenazante ni la “monstruosa crueldad de las armas mo­dernas”, pero tampoco la tibieza, la pusilanimidad y la paz a todo precio. Siempre será “moralmente lícito o incluso, en algunas circunstancias concretas, obligatorio, rechazar con la fuerza al agresor… Un pueblo amenazado y víctima de una injusta agresión, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer en una indiferencia pasiva… y si no quiere dejar las manos libres a los criminales internacionales, no le queda otro remedio que prepararse para el día en que tendrá que defenderse”[2].

Por último, no podemos dejar de citar las palabras del recientemente beatificado Juan Pablo II cuando visitó su Polonia natal y recordó la gran gesta polaca:

Ser cristiano quiere decir vi­gilar, como vigila el soldado durante la guardia… !Vigilar significa custodiar un gran bien… significa percibir agudamente los valores que existen en la vida de cada hombre por el simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios y haber sido redimido con la sangre de Cristo. Vigilar quiere decir recordar todo esto… Hay pues que vigilar y cuidar con gran celo… No puede permitirse que se pierda nada de lo que es cristiano sobre esta tierra[3].

Más aun:

La lucha es, con frecuen­cia, una necesidad moral, un deber. Manifiesta la fuerza del carácter, puede hacer florecer un heroísmo auténtico. ‘La vi­da del hombre en esta tierra es un combate’, dice el Libro de Job; el hombre tiene que enfrentarse con el mal y luchar por el Bien todos los días. El verdadero bien moral no es fácil, hay que conquistarlo sin cesar, en uno mismo, en los demás, en la vida social e internacional[4].

Como vemos, el luchar cuando hay que hacerlo, no solo es un derecho en el cristiano sino, en algunos casos, hasta un deber.

Que no te la cuenten…

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[1] Para esta parte seguimos a Antonio Caponnetto, El deber cristiano de la lucha, Scholastica, Buenos Aires 1992, 318-322.

[2] Pío XII, Mensajes de Navidad, (1945) y siguientes.

[3] Cfr. Juan Pablo II, Peregrinación Apostólica a Polonia, BAC, Madrid 1979, 136-137.

[4] Palabras de Juan Pablo II a André Frossard. Cfr. André Frossard, No tengáis miedo. Diálogo con Juan Pablo II, Plaza y Janes, Barcelona 1982, 220.

El magistrado Jorge Iván Palacio estuvo en el centro de la polémica el año pasado luego de que la Corte concedió la adopción de dos menores a la compañera lesbiana de la madre biológica de estos, pues se supo que en realidad los dos menores que habían sido concebidos por inseminación artificial, sí conocían a su padre biológico, y le reconocían como tal: Un homosexual amigo de la pareja de lesbianas, y además sobrino del magistrado, uno de los que votó a favor de la tutela.

En su momento, el magistrado Palacio confirmó que sí tiene un sobrino que responde a los nombres y apellidos del presunto padre biológico de los menores, pero que no se declaró impedido porque en el momento de discutir la tutela no sabía que su sobrino fuera el padre biológico de los menores en cuestión, y su nombre no había aparecido en la ponencia que fue discutida. Sin embargo, el togado admitió que sí conocía a la pareja, y fuentes cercanas a estas dijeron que el magistrado sí habría visitado en varias oportunidades a los menores. Incluso cuando murió el hermano del magistrado, este compartió allá junto con su sobrino y sus dos hijos.

Estos elementos obligan al Tribunal a declarar nula la sentencia en la que concedían el trámite de adopción, y pretendían establecer como norma general que se concediera la adopción a parejas homosexuales siempre y cuando uno de ellos fuera padre biológico del menor, pues se basa en unos hechos que han resultado ser completamente falsos. El destape de este fraude puede obligar a la Corte a reconocer que todo menor tiene por necesidad un padre y madre biológicos, y en los casos de reproducción asistida por donación de gametos, la falta de estos es un daño contra los menores cometido directamente y de común acuerdo por ambos padres. Se espera que a la hora de discutir la demanda de nulidad contra el fallo, el magistrado Palacio se declare impedido por conflicto de intereses.

Sin embargo, existe otra demanda que también pretende la adopción por parte de parejas homosexuales, y cuya sentencia favorable obligaría a la Corte a mantener la decisión tomada previamente, a pesar de la nulidad del fallo precedente. Pues resulta que Noticias RCN ha conocido el contenido de la ponencia que se será discutida en la Corte, y esta concede la demanda legalizando la adopción por parejas del mismo sexo.

¿Quién es el magistrado ponente? Nada menos que Jorge Iván Palacio.

Es decir que a través de esta ponencia, el magistrado se asegura la decisión que la Corte deberá tomar sobre un caso en el que tiene evidente interés particular. Gracias a su ponencia, sus sobrinos-nietos serán adoptados por la pareja homosexual de su madre biológica, y su sobrino quedará libre de responsabilidades frente a sus dos hijos. No hay duda alguna de que el magistrado debía haberse declarado impedido para discutir este caso.

El magistrado podrá argumentar que en el momento de admitir la demanda y redactar la ponencia de fallo, no tenía conocimiento de que su sobrino fuera el padre biológico de los dos menores cuya adopción reclamaba una pareja de lesbianas. Empero, los estados de la Secretaría General de la Corte, revelan que el proyecto de fallo fue presentado a la sala plena de la corporación el 24 de octubre, cuando ya se había destapado el escándalo sobre el fraude en el proceso de tutela.

En el mismo momento en que el magistrado supo que tenía un conflicto de intereses en el caso de la adopción que reclamaban la pareja de lesbianas debió haberse declarado impedido para conocer también de este caso, y debió entregar el caso para que fuera repartido a otro magistrado sin intereses particulares en él. No haberlo hecho, constituye el delito de prevaricato, una falta contra la ética y contra la independencia judicial.

Firma ahora, y exige al magistrado Jorge Iván Palacio su renuncia, y a la Corte Constitucional que vuelva a repartir la demanda D-0010315 para que se discuta una nueva ponencia, elaborada por un magistrado sin intereses particulares en el caso.

Magistrado Jorge Iván Palacio
Corte Constitucional de Colombia

CC: Secretaría General de la Corte
CC: Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes

Ref: Demanda D-0010315

Exigimos la renuncia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio por el prevaricato en que incurre al existir un evidente conflicto de intereses frente a la demanda D-0010315, y al no haberse declarado impedido para presentar ponencia sobre esta.

El 3 de septiembre, una semana después de que la Corte falló a favor de la adopción de dos menores por parte de la compañera de su madre biológica, se supo en los medios de comunicación que estos menores sí conocían a su padre biológico que además resultó ser sobrino del magistrado Jorge Iván Palacio.

En su momento, el magistrado Palacio confirmó que sí tiene un sobrino que responde a los nombres y apellidos del presunto padre biológico de los menores, pero que no se declaró impedido porque en el momento de discutir la tutela no sabía que su sobrino fuera el padre biológico de los menores en cuestión, y su nombre no había aparecido en la ponencia que fue discutida. Sin embargo, el togado admitió que sí conocía a la pareja, y fuentes cercanas a estas dijeron que el magistrado sí habría visitado en varias oportunidades a los menores. Incluso cuando murió el hermano del magistrado, este compartió allá junto con su sobrino y sus dos hijos.

Estos elementos obligan a la Corte a declarar la nulidad de tal fallo, pues se basa en hechos que se han demostrado falsos, y al magistrado Palacio a declararse impedido para decidir en este caso, por tener un conflicto de intereses en este. Sin embargo, la demanda D-0010315 cursa sobre el mismo tema, y a pesar de tratarse de una demanda de inconstitucionalidad, de carácter general y abstracto, la decisión de la Corte también afecta de forma particular al caso de la pareja de lesbianas en el cual el magistrado Palacio se encuentra involucrado.

El magistrado podrá argumentar que en el momento de admitir la demanda y redactar la ponencia de fallo, no tenía conocimiento de que su sobrino fuera el padre biológico de los dos menores cuya adopción reclamaba una pareja de lesbianas. Empero, los estados de la Secretaría General de la Corte, revelan que el proyecto de fallo fue presentado a la sala plena de la corporación el 24 de octubre, cuando ya se había destapado el escándalo sobre el fraude en el proceso de tutela.

En el mismo momento en que el magistrado supo que tenía un conflicto de intereses en el caso de la adopción que reclamaban la pareja de lesbianas debió haberse declarado impedido para conocer también de este caso, y debió entregar el caso para que fuera repartido a otro magistrado sin intereses particulares en él. No haberlo hecho, constituye el delito de prevaricato, una falta contra la ética y contra la independencia judicial.

Por estas razones exigimos la renuncia del magistrado Jorge Iván Palacio, y reclamamos que la demanda D-0010315 sea repartida de nuevo, para que se discuta una nueva ponencia elaborada por un magistrado sin intereses particulares en el tema.

Reproducimos el siguiente artículo del P. Fernando Morales L.C., que nos ha enviado vía correo electrónico.

En medio del debate suscitado por el atentado de París contra Charlie Hebdo, el Papa Francisco volvió a causar revuelo con su respuesta a los periodistas acerca de la libertad de expresión. Dijo que si alguien insulta a su madre “se puede esperar un golpe”.

Esto lo dijo después de haber afirmado con claridad su desacuerdo con todo asesinato en nombre de Dios, de manera que no deja lugar a equívocos. Está en desacuerdo con la violencia terrorista.

Lo valioso de este ejemplo, a mi entender, es la comparación. Insultar tocando las fibras más sensibles del corazón es demasiado agresivo. Es violencia. Insultar a mi madre es peor que insultarme a mí. Y quien hubiera soportado con paciencia cualquier ultraje a su persona, difícilmente toleraría un insulto a quien él más ama.

Algunos han preguntado si con esto el Papa va en contra del poner la otra mejilla, predicado por Cristo. En realidad aquí no se trata de la propia mejilla, sino de la mejilla de quien más amo, y así las cosas cambian un poco. El corazón humano, cuando tiene buenos sentimientos, siente que tolerar esto sería un acto de desamor; siente necesidad de demostrar su amor con una reacción, y siente que mientras más fuerte sea su reacción más grande será el amor demostrado. «El celo de tu casa me devora, caen sobre mí los insultos de los que te ofenden» (Salmo 69,9).

Sólo el hecho de tener un Dios que quiso morir en una cruz puede frenar nuestra reacción. En el Huerto de los Olivos, al ver en peligro a su Maestro, uno de los apóstoles le preguntó a Jesús: «¿Señor, herimos a espada?» A lo que Él respondió: «Guarda tu espada, porque el que a hierro mata a hierro muere» (Mt 26,52).

La lógica del cristianismo es distinta a cualquier otra, y no sé qué tanto podemos esperar que todas las religiones sigan nuestra lógica.

Lo que está claro es que nuestro “no” a la violencia es muy distinto al del laicismo reinante. Éste toma las burlas ácidas de lo sagrado como algo totalmente inocuo e intrascendente, e incluso como un derecho. Sin embargo sería propio de un mal hijo no sentir nada ante la humillación hacia su madre. Ciertamente en muchos casos lo mejor será ignorar los insultos, pero no sin dolor. No sin pedir justicia al cielo.

Pretender que no pasa nada no es la solución. No siente nada quien no cree nada. Para el mundo laicista, en el fondo, no pasa nada porque piensa que Dios simplemente no es nada. Aquí está la gran diferencia entre el mundo y los cristianos. Sólo coincidimos en que no se debe matar. En lo demás tenemos un pensamiento abismalmente diverso.

«No toméis la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la Cólera de Dios, pues dice la Escritura: Mía es la venganza: yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes al contrario: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence el mal con el bien.» (Romanos 12,19-21)

El único desafío que debe lanzarse a las religiones es el desafío de la razón. Un desafío que no todas podrán superar, como bien enseñó Benedicto XVI en Ratisbona. Pero los insultos gratuitos son violencia y engendran más violencia. Y nadie espere que las religiones no cristianas tengan una reacción agnóstica ni mucho menos una reacción cristiana.

Según informa El Tiempo, la demanda que presentó el Consultorio Jurídico de la Universidad de Medellín contra el código de infancia para pretender legalizar la adopción por parejas homosexuales, ya cuenta con ponencia positiva, y nada menos que del magistrado Jorge Iván Palacio, el mismo que resultó siendo tío del padre biológico de los menores que fueron utilizados por una pareja de lesbianas para pretender la legalización de la adopción homosexual por la puerta de atrás.

En el fallo de tutela, la Corte concedió la adopción a la pareja de la madre biológica de los menores, bajo el argumento de que los menores estaban desprotegidos al faltarles una filiación. La Corte también utilizó el caso para tratar de generar una norma general y “decretar” que podrían adoptar las parejas que se encontrasen en la misma situación. Sin embargo, luego del fallo se encontró que los menores si conocían a su padre biológico, que resultó ser un homosexual amigo de la pareja de lesbianas, y al cual los niños lo reconocían como padre. Además, éste es sobrino del magistrado Jorge Iván Palacio, el cual, aunque afirmó no saber que era pariente de los menores, si los conocía, según testimonio de las lesbianas.

El fallo fue demandado de nulidad, y la anulación es el único resultado razonable, dado que el hecho sobre el que se fundaba la demanda, se ha demostrado falso. Pero ahora, parece que el magistrado pretende resolver el mismo caso a través de otra demanda. Si antes dijo que no sabía que su sobrino era padre biológico de las menores, por lo cual él incurría en conflicto de intereses, ahora tendrá que decir que se le olvidó, porque de todas maneras ha debido declararse impedido para decidir el caso.

(El Espectador) Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la conferencia episcopal, aseguró este jueves que aunque un posible acuerdo de cese al fuego bilateral ‘es esperanzador’, dicho pacto no puede darse antes de la firma de la paz.

De acuerdo con monseñor Castro, la negociación debe darse tras la firma de un acuerdo de paz concreto, con el propósito de evitar lo que denominó ‘tomaduras de pelo’.

"Creo que eso es posterior, pero considero que un cese al fuego de verdad, verdad, tiene que estar basado en unas firmas de paz muy concretas, muy claras y unos propósitos muy definidos, una seriedad plena. Porque hacer ceses bilaterales por 15 días, por un mes, eso es una tomadura de pelo”, sostuvo el presidente de la conferencia episcopal en declaraciones recogidas por Blu Radio.

El jefe de la Iglesia en Colombia señaló que se deben abordar a fondo todos los temas porque, según monseñor Castro, el pueblo colombiano teme que de la mesa de La Habana haya impunidad.

Las declaraciones del presidente de la conferencia episcopal se dan luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que ha dado instrucciones a los negociadores de paz para que inicien la discusión sobre el punto del cese de fuego bilateral y definitivo. 

Reproducimos el artículo de José Miguel Arráiz  publicado originalmente en su blog en InfoCatólica.

Los atentados terroristas a Charlie Hebdo han conmovido al mundo. Es comprensible, que se asesine personas de una manera tan salvaje es lamentable. Lo sé yo porque vivo un país donde diariamente son asesinadas aproximadamente 70 personas al día. También vemos frecuentemente noticias donde cristianos son asesinados en países del medio oriente donde la mayoría de la población es musulmana. Ahora, ¿por qué el mundo demuestra ser más sensible a unas tragedias y no a otras?, eso podría ser tema de otras reflexiones, pero lo que sí me ha llamado la atención a raíz de estos acontecimientos es que el ser humano tiene una tendencia enorme de irse a los extremos aun cuando eso involucre dosis enormes de hipocresía.

En el caso particular de estos atentados hemos visto una euforia colectiva e histérica que para condenar los atentados ha llegado a ensalzar, justificar y casi canonizar la labor blasfema que hacían los responsables de ese pasquín amarillista, en donde ofendían no sólo a la comunidad musulmana, sino a Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo), a la Santísima Virgen, y a la Iglesia.  

Incluso dentro en nuestra propia Iglesia se vieron enormes muestras de insensatez. Inaceptable por ejemplo que el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo haya tenido el desatino de declarar que las víctimas eran “unos compañeros que ejercen un servicio del humor satírico pero necesario también en una sociedad democrática y libre”. Inaceptable, pero tampoco hablaré mucho de esto, porque ya lo hizo muy bien nuestro director.

Ahora bien, la consecuencia de todo ya comienza a notarse, y es que de aquí en adelante veremos en los distintos medios de comunicación una creciente “licencia” a nombre de “la libertad de expresión” para blasfemar, y difamar colectivos, siempre que sean colectivos religiosos, en especial musulmanes y cristianos.

Allí tienen por ejemplo las declaraciones de Mark Zuckerberg, en las que ha dicho que no permitirá que exista censura de ningún tipo en la red social: “Nosotros nos enfrentamos a esto porque diferentes voces – incluso si algunas ofenden – pueden hacer que el mundo sea un lugar mejor y más interesante”. Miles de cabezas huecas no dudaron en sumarse a la insensatez y al salir la noticia su mensaje había sido compartido 26 mil veces y unas 290 mil personas habían presionado el botón de ‘Me gusta’. Y allí lo tienen, aunque antes de las declaraciones del mandamás de Facebook el sitio web satírico El Mundo Today había denunciado la desaparición de su perfil de Facebook de un artículo ofensivo a la comunidad musulmana, el artículo fue repuesto luego de unas horas y los administradores del sitio publicaron “Facebook acaba de ‘perdonarnos’".

Así como este caso no se extrañen que de aquí en adelante Facebook y muchos otros sitios similares comiencen a hacerse de la vista gorda con las ofensas en lo referente a la religión y a colectivos religiosos, hasta llegar a extremos absolutamente ridículos. Y no es que no lo fueran ya, pues en este sentido Facebook había venido mostrando una hipocresía enorme, por ejemplo, al censurar páginas como “Memés católicos” mientras dejaba en el aire páginas absolutamente insultantes contra el cristianismo. Pero si esa era la situación, ahora la tendencia irá en aumento. Entiendo que no podemos esperar coherencia de parte del fundador de Facebook. Ha llegado a donde está traicionando una tras otra a personas que han puesto su confianza en él, incluyendo sus mejores amigos. Tampoco podemos esperar que el resto de los medios seculares no se sume a la locura.

Y si alguien se pregunta, ¿entonces eso quiere decir que incluso los grupos racistas, antisemitas, negacionistas, homófobos, etc. etc. tendrán absoluta libertad de expresión para difundir su ideología? No, ellos no. Y allí está la hipocresía. Porque  si bien aplaudo que esos grupos no tengan carta blanca para insultar, denigrar y difamar, porque insultan colectivos que merecen respeto, y la libertad no debe ser ilimitada hasta el punto de permitirte irrespetar al otro, entonces no es mucho pedir lo mismo también para los cristianos.

Los terroristas creen que han sido muy listos vengando las ofensas a su religión, pero lo que han logrado es que de ahora en adelante se multiplicarán por mil. Y no sólo a ellos sino también hacia otras religiones incluyendo la nuestra.

El sábado pasado, Mons. José de Jesús Pimiento que ha sido elegido por el Papa Francisco para ser nombrado cardenal, a pesar de su avanzada edad, fue entrevistado por la Revista Semana. En esta entrevista, la revista preguntó al cardenal sobre su opinión respecto del “matrimonio” gay, y su respuesta, confusa, nos ha dejado perplejos:

SEMANA: ¿Qué opina del matrimonio gay?
J. J. P. : La legislación civil comete muchos disparates. Lo que establecieron el Señor y la naturaleza no tiene cambio. El matrimonio homosexual es una unión que se puede tolerar, pero no es matrimonio.

¿A qué se refiere el cardenal al decir “el matrimonio homosexual es una unión que se puede tolerar”? ¿Es posible tolerar un “disparate” como pretender cambiar “lo que establecieron el Señor y la naturaleza”? Creemos que puede tratarse de una mala interpretación de la respuesta por parte del periodista entrevistador.

Por lo pronto veamos qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia sobre la posibilidad de “tolerar” uniones homosexuales.

“Optar por una actividad sexual con una persona del mismo sexo equivale a anular el rico simbolismo y el significado, para no hablar de los fines, del designio del Creador en relación con la realidad sexual. La actividad homosexual no expresa una unión complementaria, capaz de transmitir la vida, y por lo tanto contradice la vocación a una existencia vivida en esa forma de auto-donación que, según el Evangelio, es la esencia misma de la vida cristiana. Esto no significa que las personas homosexuales no sean a menudo generosas y no se donen a sí mismas, pero cuando se empeñan en una actividad homosexual refuerzan dentro de ellas una inclinación sexual desordenada, en sí misma caracterizada por la auto-complacencia.

Como sucede en cualquier otro desorden moral, la actividad homosexual impide la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. La Iglesia, cuando rechaza las doctrinas erróneas en relación con la homosexualidad, no limita sino que más bien defiende la libertad y la dignidad de la persona, entendidas de modo realístico y auténtico.” Congregación para la Doctrina de la Fe, 1986.

“La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.” Congregación para la Doctrina de la Fe, 2003

Así pues, queda visto que según la Doctrina de la Iglesia, la unión homosexual, así no reciba el estatus legal de matrimonio, no es tolerable, pues representa un mal intrínseco, tanto para quienes se someten a ella, como a nivel político y social al implicar la aprobación pública de un comportamiento nocivo.

Reproducimos el siguiente informe hecho por el constitucionalista canadiense Bradley Miller, para el Witherspoon Institute, traducido por forosdelavirgen.org, y publicado en InfoCatólica.

Los ingenieros sociales occidentales están introduciendo en esta parte del mundo el «matrimonio» entre personas del mismo sexo, con la consigna de la igualdad de derechos para la minoría homosexual. Todos nos preguntamos qué pasará en el futuro con esta medida polémica. Pero podemos atisbar el futuro mirando cual fue el resultado en los países pioneros. Ya cumplidos los 10 años desde que Canadá estableció la legislación de «matrimonio» entre personas del mismo sexo, se constituye en un laboratorio para los demás países.

En estos 10 años se puede ver una restricción al derecho de libertad de expresión, a los derechos de los padres en la educación de sus hijos, y a los derechos de autonomía de las instituciones religiosas, junto con un debilitamiento del matrimonio como institución.

Más allá de las diferencias culturales, sociales y de jurisprudencia entre Canadá y otros países, la experiencia canadiense es la mejor evidencia disponible sobre el impacto a corto plazo del «matrimonio» del mismo sexo en una sociedad democrática.

1. Vulnera los derechos humanos

El efecto formal de las decisiones judiciales (y la legislación posterior) que establecieron el «matrimonio» homosexual civil en Canadá era simplemente que las personas del mismo sexo podrían conseguir que el Gobierno reconozca su relación como matrimonio. Pero el efecto legal y cultural fue mucho más amplio. Lo que sucedió fue la adopción de una nueva ortodoxia: que las relaciones homosexuales son, en todos los sentidos, el equivalente del matrimonio natural, y que el «matrimonio» del mismo sexo por lo tanto debe ser tratado de manera idéntica al matrimonio natural en el Derecho y en la vida pública.

Un corolario es que cualquiera que rechace la nueva ortodoxia debe estar actuando sobre la base de la intolerancia y la animadversión hacia los gays y las lesbianas. Cualquier declaración de desacuerdo con el «matrimonio» civil de personas del mismo sexo se considera una manifestación directa de odio hacia un grupo minoritario sexual. Cualquier explicación razonada (por ejemplo, las que se ofrecían en los argumentos jurídicos que el «matrimonio» homosexual es incompatible con una concepción del matrimonio que responda a las necesidades de los hijos del matrimonio, de estabilidad, fidelidad y permanencia, lo que a veces se llama la concepción conyugal del matrimonio), es desestimada de inmediato como mero pretexto.

Cuando uno entiende la oposición al «matrimonio» del mismo sexo como una manifestación de intolerancia y de odio puro, se hace muy difícil de tolerar permanentemente el disenso. Así sucedió en Canadá: los términos de participación en la vida pública cambiaron muy rápidamente. Los funcionarios encargados de tramitar el matrimonio civil fueron los primeros en sentir el borde duro de la nueva ortodoxia, varias provincias se negaron a permitir a los funcionarios su derecho de conciencia para negarse a presidir bodas homosexuales, y exigieron su renuncia. Al mismo tiempo, las organizaciones religiosas, como los Caballeros de Colón, fueron multados por negarse a alquilar sus instalaciones para la celebración de post bodas.

2. Afecta el derecho a la libertad de expresión

El impacto de la nueva ortodoxia no se ha limitado al número relativamente pequeño de personas en riesgo de ser obligadas a apoyar o celebrar un «matrimonio» del mismo sexo. El cambio ha afectado ampliamente a las personas, incluyendo a los clérigos, que deseen hacer públicos los argumentos acerca de la sexualidad humana.

Mucho discurso, que era posible antes de la aprobación del «matrimonio» homosexual, ahora conlleva riesgos. Muchos de los que han persistido en expresar su desacuerdo han sido objeto de investigaciones por parte de comisiones de derechos humanos y procedimientos (en algunos casos) ante los tribunales de derechos humanos. Los que son pobres, con poca educación y sin afiliación institucional han sido objetivo especialmente fácil de las leyes anti discriminación, no siempre aplicadas de manera uniforme. Algunos han sido condenados a pagar multas, pedir disculpas, comprometerse a nunca hablar públicamente sobre estos asuntos de nuevo. Esto ha incluido a personas que escriben cartas a los editores de los periódicos locales, y ministros de pequeñas congregaciones de cristianos. Un obispo católico enfrenta dos demandas impulsadas por comentarios que hizo en una carta pastoral sobre el matrimonio.

Especialmente desde algunos procesos contra Mark Steyn y la revista Maclean, en 2009, se ha restaurado un punto de vista más amplio de la libertad de expresión. Y en respuesta a la protesta pública tras el asunto Steyn/Maclean, el Parlamento de Canadá revocó recientemente el estatuto jurisdiccional de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos para perseguir el «discurso de odio». Pero el costo financiero de la lucha contra la máquina de los derechos humanos sigue siendo enorme –Maclean ha gastado cientos de miles de dólares en honorarios de abogados–. Y estos casos pueden tardar hasta una década en resolverse. Una persona común con pocos recursos que ha llamado la atención de una comisión de derechos humanos no tiene ninguna esperanza de apelar a los tribunales para su alivio; una persona tan sólo puede aceptar la advertencia de la comisión, pagar una multa (relativamente) pequeña, y luego observar la directiva de permanecer para siempre en silencio. Siempre que estas herramientas permanezcan a la disposición de las comisiones –para quien la nueva ortodoxia no da ninguna base teórica para tolerar la disidencia– participar en un debate público sobre el «matrimonio» homosexual es cortejar la ruina.

Presiones similares pueden ser –y son– ejercidas sobre los disidentes por profesionales de los órganos de gobierno (como los colegios de abogados, colegios de profesores, y similares) que tienen facultades legales para sancionar a los miembros de conducta impropia de la profesión. Las expresiones de desacuerdo con el carácter razonable de la institucionalización de los «matrimonios» homosexuales son comprendidas por estos organismos como actos de discriminación ilegal, que son materia de censura profesional.

Los maestros están particularmente en riesgo de una acción disciplinaria, y aunque sólo hagan declaraciones públicas criticando el «matrimonio» homosexual fuera de las aulas, siguen siendo considerados como creadores de un ambiente hostil para los estudiantes gays y lesbianas. Otros lugares de trabajo y las asociaciones voluntarias han adoptado políticas similares, como resultado de que han interiorizado que, en esta nueva ortodoxia, el desacuerdo con el «matrimonio» homosexual es discriminación ilegal que no debe ser tolerada.

3. Disminuyen los derechos de los padres en la educación pública

La institucionalización del «matrimonio» homosexual ha generado un sutil pero penetrante cambio en la patria potestad en la educación pública. El debate sobre cómo hablar del «matrimonio» del mismo sexo en el aula es muy parecido al debate sobre el lugar de la educación sexual en las escuelas, y sobre las pretensiones gubernamentales de ejercer autoridad primaria sobre los niños. Pero, si la educación sexual ha sido siempre un asunto discreto, en el sentido de que, por su naturaleza, no puede penetrar en la totalidad del plan de estudios, el «matrimonio» homosexual es de una base diferente.

Dado que uno de los principios de la nueva ortodoxia es que las relaciones del mismo sexo merecen el mismo respeto que damos a cualquier matrimonio, sus proponentes han tenido un éxito notable en la exigencia de que el «matrimonio» homosexual sea presentado de manera positiva en el aula. Reformas curriculares en jurisdicciones como British Columbia ahora impiden que los padres ejerzan su poder de veto sobre las prácticas educativas polémicas.

Los nuevos planes de estudios están impregnados de referencias positivas a los «matrimonios» del mismo sexo, no sólo en una disciplina, sino en todas. Frente a esta estrategia de difusión, la única defensa parental es eliminar a los hijos de la escuela pública por completo. Los tribunales han sido indiferentes a las objeciones de los padres: si los padres se aferran a fanatismos obsoletos, entonces los niños deben cargar con el peso de la «disonancia cognitiva», ellos deben absorber cosas contradictorias entre el hogar y la escuela, mientras la escuela trata de ganar.

Las reformas, por supuesto, no fueron vendidas al público como una cuestión de aplicación de la nueva ortodoxia. En su lugar, el fundamento declarado era prevenir el acoso escolar, es decir, promover la aceptación de la juventud gay y lesbiana y los hijos de las familias del mismo sexo.

Se trata de un objetivo loable para fomentar la aceptación de las personas. Pero el medio elegido para lograrlo es una grave violación de la familia; es nada menos que el adoctrinamiento deliberado de los niños (sobre las objeciones de sus padres) en una concepción del matrimonio que es fundamentalmente hostil a lo que los padres entienden que son los mejores intereses para los niños. Se frustra la capacidad de los padres para llevar a sus hijos a comprender el matrimonio para que sea propicio su crecimiento como adultos. A una edad muy temprana, se enseña a los niños que la razón de ser del matrimonio no es otra cosa que la satisfacción de los deseos cambiantes de adultos por tener compañía.

4. Altera el derecho de autonomía de las instituciones religiosas

A primera vista, el clero y lugares de culto aparecían en gran parte inmunes a la coacción para realizar «matrimonios» del mismo sexo. De hecho, este fue el gran pacto de la legislación del «matrimonio» del mismo sexo: que el clero mantendría el derecho a no realizar «matrimonios» que violen sus creencias religiosas. Los lugares de culto no podían ser reclutados en contra de los deseos de las entidades religiosas.

Debería haber quedado claro desde el principio qué poco estrecha era esta protección. Sólo evita que el clero sea obligado a llevar a cabo ceremonias de «matrimonio». No funciona, como hemos visto, como escudo contra el escrutinio de las comisiones de derechos humanos sobre los sermones o cartas pastorales. Deja a las congregaciones vulnerables a problemas legales si se niegan a alquilar sus instalaciones auxiliares a parejas del mismo sexo para sus ceremonias, o a cualquier otra organización que pretenda utilizar la instalación para promover una visión de la sexualidad totalmente en desacuerdo con los suyas.

Tampoco se impide a los gobiernos provinciales y municipales de retener los beneficios a las congregaciones religiosas a causa de su doctrina sobre el matrimonio. Por ejemplo, el Proyecto de Ley 13 de la misma ley de Ontario obliga a las escuelas católicas de acoger clubes de «Gay-Straight Alliance» (y usar ese nombre en particular), y también prohíbe a las escuelas públicas alquilar sus instalaciones para las organizaciones que no estén de acuerdo con el código de la nueva ortodoxia. Teniendo en cuenta que muchas congregaciones cristianas pequeñas alquilan auditorios de escuelas para llevar a cabo sus servicios de adoración, es fácil darse cuenta su vulnerabilidad.

5. Cambia la concepción pública de matrimonio

Se ha argumentado que si el «matrimonio» homosexual está institucionalizado, nuevas categorías matrimoniales pueden ser aceptadas, como la poligamia. Una vez que se abandona la concepción conyugal del matrimonio, y se la sustituye por una concepción del matrimonio que tiene como criterio la búsqueda de compañía adulta, no hay ninguna base de principios para negar la extensión de licencias de matrimonio a las uniones polígamas y al llamado «poliamor».

En otras palabras, si el matrimonio se trata de satisfacer los deseos adultos de compañía, y si los deseos de algunos adultos abarcan acuerdos cada vez más novedosos, ¿cómo podemos negarlos? No se evaluará aquí esta afirmación, sino simplemente informar de cómo este escenario se juega en Canadá.

Una prominente comunidad polígama en British Columbia se envalentonó en gran medida por la creación de «matrimonios» del mismo sexo, y proclamó públicamente que ya no había base de principios para la criminalización continua de la poligamia. De todos los tribunales canadienses, sólo un tribunal de primera instancia en British Columbia ha discutido sobre si prohibir la poligamia es constitucional, y pidió una opinión consultiva al gobierno de la provincia. La prohibición penal de la poligamia fue confirmada, pero sobre una base estrecha que define como poligamia a los matrimonios civiles múltiples. El tribunal no se refirió al fenómeno de múltiples matrimonios de derecho consuetudinario. Así que, hasta ahora, las formas dominantes de la poligamia y el poliamor que se practican en Canadá no han obtenido la condición legal, pero tampoco han enfrentado obstáculos prácticos.

La lección es ésta: una sociedad que institucionaliza el «matrimonio» homosexual no tiene por qué institucionalizar la poligamia. Pero el ejemplo de British Columbia sugiere que la única manera de hacerlo es hacer caso omiso de los principios. El razonamiento del caso de la poligamia no dio ninguna explicación convincente de por qué sería discriminatorio no extender la concepción de «matrimonio» para los gays y las lesbianas, y no para los polígamos y poliamorosos. De hecho, el fallo parece que descansa sobre animadversión hacia polígamos y poliamorosos, lo que no es una base jurídica estable.

6. No aumenta la práctica del matrimonio

En cuanto a la práctica del matrimonio, es demasiado pronto para decir mucho. Los datos del censo de 2011 establecen que, en primer lugar, el matrimonio está en declive en Canadá, como en gran parte de Occidente; en segundo lugar, el «matrimonio» homosexual es un fenómeno estadísticamente menor; y tercero, hay muy pocas parejas del mismo sexo (casadas o no) con niños en el hogar.

Hay aproximadamente 21.000 «matrimonios» del mismo sexo en Canadá, fuera de los 6,29 millones de parejas casadas. Las parejas del mismo sexo (casadas y solteras) constituyen el 0,8% de todas las parejas en Canadá; el 9,4% de las 64.575 parejas del mismo sexo tienen hijos en el hogar, y el 80% son parejas lesbianas. Por el contrario, el 47,2% de las parejas heterosexuales tienen hijos en el hogar. Canadá dejó el seguimiento del divorcio después de 2008, y nunca ha proporcionado datos sobre el divorcio de personas del mismo sexo.

Lo que se desprende de estos datos es que el «matrimonio» del mismo sexo no tiene, contrariamente a los argumentos que se manejaron, el poder de impulsar una cultura renaciente del matrimonio en Canadá. Tampoco existen datos censales (de una forma u otra) para argumentos empíricos que unan la institucionalización del «matrimonio» del mismo sexo a la estabilidad del matrimonio.

Sin datos empíricos sobre las tasas de divorcio (que no están disponibles en Canadá), nos quedamos con argumentos conceptuales. En este sentido, la experiencia canadiense no puede proporcionar mucha información. Nos quedamos con la pregunta, ¿la institucionalización del «matrimonio» del mismo sexo descansa en una concepción del matrimonio que hace especial hincapié en la estabilidad, así como en la concepción conyugal? Si no es así, entonces podemos razonablemente creer que el «matrimonio» homosexual va a acelerar la aceptación cultural de una concepción del matrimonio –el modelo de compañerismo adulto– que ha hecho mucho daño social en los últimos cincuenta años.

Bradley Miller

Reproducimos el artículo de Martín Buteler, publicado originalmente en Adelante la Fe.

El triste suceso acaecido el día de la fecha en la ciudad de París, pone nuevamente sobre el tapete el muy complejo tema de las relaciones entre Occidente y el Islam. Está claro que nos referimos al ataque perpetrado por creyentes musulmanes contra la redacción de la publicación Charlie Hebdo, que acabó con el lamentable saldo de 12 muertos y otros tantos heridos. Lo que el presidente galo Francois Hollande no vaciló en calificar como “atentado”, se había anunciado como amenaza en numerosas ocasiones, a raíz de una serie de caricaturas satíricas relativas a Mahoma y al Islam, aparecidas sucesivamente en la revista durante los últimos meses, y que terminaron por desatar la represalia con las consecuencias tan trágicas que hoy se pueden observar.

La primera y más inmediata conclusión que sugiere el episodio tiene que ver con la patente dificultad que engendra, para una sociedad que se autodefine como diversa y pluralista, la convivencia en su seno con una comunidad de las características del Islam, esencialmente dogmática y excluyente, lanzada ahora a la conquista progresiva del continente europeo, cuyos índices demográficos de población musulmana son cada vez más altos. De ahí que, por bien intencionadas que sean las tentativas de diálogo interreligioso, la realidad es que no parecen ser fructíferas, en orden a alcanzar un modus vivendi que garantice un mínimo de paz social, entendida esta como ausencia de conflictos civiles.

Ahora bien, es preciso ir más a fondo en la comprensión de la problemática de marras, y para ello hay que detenerse en la consideración del actual estado de la sociedad occidental, que ya no es posible seguir denominando con el nombre de “Cristiandad”. Lo que llamamos “Occidente”, en efecto, no es más que el residuo, la triste versión secularizada de lo que en algún momento fue conocido con aquel título glorioso, mal que les pese a los hijos de la Revolución.

Entre las declaraciones a los medios de prensa que se hicieron públicas durante la jornada, nos ha llamado especialmente la atención una de ellas, por cuanto refleja lo que precisamente queremos señalar. El personaje en cuestión, haciendo profesión de ateísmo, afirmaba que en Francia la religión era vista simplemente como una “filosofía”, una “idea”, y que por ello se podía hacer de Mahoma una caricatura como se podía hacerla “de Carlos Marx” (sic); en definitiva, Mahoma era un personaje sagrado, pero solo para los musulmanes…

No seremos nosotros, ciertamente, los encargados de reivindicar la figura del Profeta, pero sí creemos que los dislates proferidos por este tipo de pseudo-intelectualidad son dignos de atención, en la medida en que permiten comenzar a entender el fenómeno de la avasalladora expansión musulmana en Europa, que no parece encontrar nada mejor que ofrecer como resistencia que la religión de la libertad y el relativismo, o lo que es lo mismo, de la democracia moderna. La pena que causa oír en boca de los más altos mandatarios del mundo, ante el hecho consumado, las lamentaciones que invocan como valor supremo el de la “libertad de expresión” (“La libertad es más fuerte que la barbarie”, ha dicho el mismo Hollande, por ej.), nos recuerda el “pensamiento débil” de que hablara el filósofo Gianni Váttimo para referirse a la post-modernidad, desertora de los valores absolutos que dieron nacimiento a nuestra civilización. Es precisamente este pensamiento débil el que opera como caldo de cultivo para el avance en terreno propio de un mundo tradicionalmente adversario del occidente cristiano.

Ante la explosión de las invasiones bárbaras en el siglo V, el escritor Salviano de Marsella sugirió la original interpretación que veía en los saqueos de las distintas tribus el castigo divino debido al pecado de los cristianos. En este sentido, no es aventurado afirmar que el azote islámico constituye la recompensa, por lo menos natural, a la apostasía de Occidente. Europa, en particular, no parece darse cuenta de ello, con todo, y nada indica que en el futuro lo advierta, sumergida en la inmanencia del materialismo imperante.

El trágico desenlace de las sátiras de la revista en cuestión nos recuerda, de una forma impensada, lo que hemos olvidado quizá, a fuerza de tolerar toda clase de blasfemias e injurias contra nuestras propias realidades sagradas, a saber, la verdad de que toda libertad debe reconocer sus límites en valores más elevados. Quiera Dios que esta amarga experiencia nos lo enseñe.

Martín Buteler

Reproducimos el artículo del escritor Juan Manuel de Prada, publicado originalmente en el ABC.

DURANTE los últimos días, hemos escuchado calificar a los periodistas vilmente asesinados del pasquín Charlie Hebdo de «mártires de la libertad de expresión». También hemos asistido a un movimiento de solidaridad póstuma con los asesinados, mediante proclamas inasumibles del estilo: «Yo soy Charlie Hebdo». Y, llegados a la culminación del dislate, hemos escuchado defender un sedicente «derecho a la blasfemia», incluso en medios católicos. Sirva este artículo para dar voz a quienes no se identifican con este cúmulo de paparruchas hijas de la debilidad mental.

Allá por septiembre de 2006, Benedicto XVI pronunció un grandioso discurso en Ratisbona que provocó la cólera de los mahometanos fanáticos y la censura alevosa y cobarde de la mayoría de mandatarios y medios de comunicación occidentales. Aquel espectáculo de vileza infinita era fácilmente explicable: pues en su discurso, Benedicto XVI, además de condenar las formas de fe patológica que tratan de imponerse con la violencia, condenaba también el laicismo, esa expresión demente de la razón que pretende confinar la fe en lo subjetivo, convirtiendo el ámbito público en un zoco donde la fe puede ser ultrajada y escarnecida hasta el paroxismo, como expresión de la sacrosanta libertad de expresión. Esa razón demente es la que ha empujado a la civilización occidental a la decadencia y promovido los antivalores más pestilentes, desde el multiculturalismo a la pansexualidad, pasando por supuesto por la aberración sacrílega; esa razón demente es la que vindica el pasquín Charlie Hebdo, que además de publicar sátiras provocadoras y gratuitamente ofensivas contra los musulmanes ha publicado en reiteradas ocasiones caricaturas aberrantes que blasfeman contra Dios, empezando por una portada que mostraba a las tres personas de la Santísima Trinidad sodomizándose entre sí. Escribía Will Durant que una civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro; y la basura sacrílega o gratuitamente ofensiva que publicaba el pasquín Charlie Hebdo, como los antivalores pestilentes que defiende, son la mejor expresión de esa deriva autodestructiva.

Debemos condenar este vil asesinato; debemos rezar por la salvación del alma de esos periodistas que en vida contribuyeron a envilecer el alma de sus compatriotas; debemos exigir que las alimañas que los asesinaron sean castigadas como merecen; debemos exigir que la patología religiosa que inspira a esas alimañas sea erradicada de Europa. Pero, a la vez, debemos recordar que las religiones fundan las civilizaciones, que a su vez mueren cuando apostatan de la religión que las fundó; y también que el laicismo es un delirio de la razón que sólo logrará que el islamismo erija su culto impío sobre los escombros de la civilización cristiana. Ocurrió en el norte de África en el siglo VII; y ocurrirá en Europa en el siglo XXI, a poco que sigamos defendiendo las aberraciones de las que alardea el pasquín Charlie Hebdo. Ninguna persona que conserve una brizna de sentido común, así como un mínimo temor de Dios, puede mostrarse solidaria con tales aberraciones, que nos han conducido al abismo.

Y no olvidemos que el Gobierno francés –como tantos otros gobiernos occidentales–, que amparaba la publicación de tales aberraciones, es el mismo que ha financiado en diversos países (y en especial en Libia) a los islamistas que han masacrado a miles de cristianos, mucho menos llorados que los periodistas del pasquín Charlie Hebdo. Puede parecer ilógico, pero es irreprochablemente lógico: es la lógica del mal en la que Occidente se ha instalado, mientras espera la llegada de los bárbaros.

El pasado miércoles un grupo de terroristas musulmanes ha asaltado la sede de la Revísta Charlie Hebdo, terminando con la muerte de 12 personas. El atentado, que había sido anunciado hacía mucho tiempo por Al Qaeda dada la insistencia de la revista por mofarse del Islam en sus portadas. Ahora los medios de comunicación de todo el mundo se rasgan las vestiduras, por el atentado contra la “libertad de expresión”, y han titulado sus portadas “Je suis Charlie” (yo soy Charlie).

El atentado alimenta el movimiento anti-islam que ha venido tomando fuerza en Francia, con el Front National, y en Alemania, con el Pegida. Europa ha venido pasando por varios meses de zozobra por la guerra en Irak y Siria contra el Estado Islámico, que ha estado reclutando como combatientes a varios ciudadanos europeos. La política proislámica de la izquierda europea les ha estallado la cara, y ahora lo único que puede esperarse es la radicalización de los movimientos anti-inmigración.

No son los muertos los que le importan al establecimiento mediático, porque ya van siendo años de flagelo islámico contra las comunidades cristianas en oriente medio, y no hemos visto campaña mediática a nivel global. No, el régimen no llora a los caricaturistas muertos, sino a la “libertad de expresión”, expresada en su peor cara: la blasfemia. El liberalismo censura los símbolos religiosos en lugares públicos y condena la participación pública de las religiones, pero al mismo tiempo reclama la “libertad de expresión” para blasfemar y ofender a los creyentes de cualquier religión.

En efecto, es tan violento el atentado terrorista contra la revista francesa, como las ofensas que continuamente lanzaba la revista contra el cristianismo o el Islam. Ojalá y sirva esta tragedia para recordar la sabiduría de la doctrina pontificia que nos recordaba el mal que acarrea una libertad de expresión ilimitada.

Recojo también el artículo de Juanjo Romero, publicado originalmente en su blog en InfoCatólica.

Todavía es pronto para valorar el alcance del asesinato por parte de islamistas de una docena de personas de la revista ‘Charlie Hebdo’ y varios policías; pero sí tengo claro que en mi caso los «enemigos de mis enemigos no son mis amigos». En este sentido me ha parecido interesante la opinión sobre el asunto de la revista católica francesa «L’homme nouveau»: Je ne suis pas Charlie! (Yo no soy Charlie). Opinión mesurada y que comparto, a riesgo de apartarme del discurso dominante, lo siento.

Yo no soy Charlie: la libertad de expresión y la libertad de prensa no dan derecho a insultar, despreciar, blasfemar, a pisotear o burlarse de la fe o de los valores de los ciudadanos, ni a atacar de modo sistemático a las comunidades musulmana o cristiana. «Una viñeta es un disparo de fusil», dijo Cabu [NdT: dibujante de la revista Charlie Hebdo y una de las víctimas].

No, yo no soy Charlie y nos choca ver a Mahoma con forma de boñiga enturbantada o a Benedicto XVI sodomizando niños. No es cuestión de tolerancia o librepensamiento: el insulto es una violencia. Yo no soy Charlie, y no creo en la unidad nacional decretada por un Presidente de izquierdas. Treinta años de equivocaciones son, en parte, responsables de la situación actual. No creo en su capacidad de luchar contra el terrorismo mientras deshilacha cada año la soberanía del país y su capacidad de defenderse y hacer justicia.

Yo no soy Charlie, y el Presidente vuelve a equivocarse al presentar como héroes nacionales a esos caricaturistas que tanto han contribuido a destruir el vínculo entre comunidades, despreciando el sentido de la nación y que ridiculizando a polis, gendarmes y militares convirtieron al francés medio en un gañán. Los policías murieron en esta ejecución sumaria mientras eran caricaturizados por las mismas personas a las que protegían. Yo no soy Charlie, pero soy francés, y observo a mi país sumirse en el horror. Oigo el grito de guerra «Alá akbar» que emerge en los suburbios y los políticos no quieren enterarse de la realidad. Charlie murió por haber minimizado los riesgos del Islam radical. Pensó que por vivir en un país cristiano podía insultar de forma segura. Yo no soy Charlie, pero soy cristiano. No he pensado ni por un solo instante que tenían que morir, o que habían encontrado lo que merecían. Paz a sus almas y que Dios les acoja, si ellos quieren, en su misericordia. Pero yo no soy Charlie.

Miguel Vidal lo dice de un modo más directo, por si alguien prefiere otro estilo:

Charlie Hebdo me repugna. Y la supuesta religión que dicen profesar quienes han cometido el atentado me repugna. Pero ni la repugnancia que me produce esa publicación justifica el crimen, ni la justificación religiosa del atentado exime a sus autores de ser considerados miembros de una secta criminal.

Dios quiera que no se precipiten acontecimientos que parecen inevitables, y a nosotros nos toca rezar por víctimas y verdugos. Como decía G.K Chesterton «La Biblia nos enseña a amar al prójimo y a amar a nuestros enemigos: probablemente porque se trata de la misma gente».

Y junto a él, mal haría en dejar por fuera las palabras de Daniel Marín, publicadas en su blog, en La Gaceta.

Entre los que se toman la justicia por su mano de manera brutal y desproporcionada y los que reclaman libertad de expresión para blasfemar e insultar al prójimo, no me encuentro. La libertad de expresión debe tener límites y las acciones de represión ser justas. No al terrorismo, pero tampoco a aquellos que pretenden usar su libertad para burlarse y humillar a los demás.

"La libertad de pensamiento y de expresión, carente de todo límite, no es por sí misma un bien del que justamente pueda felicitarse la sociedad humana; es, por el contrario, fuente y origen de muchos males" Papa León XIII, Immortale Dei.

Hace apenas un mes largo que la Corte Constitucional declaró parcialmente exequible la Ley 1710 por la cual se rinde homenaje a la santa colombiana, madre Laura Montoya, y nos hemos enterado que ya está en curso una nueva demanda.

El blog de ateos “De Avanzada” ha publicado el escrito de coadyuvancia que ha presentado en apoyo de la demanda interpuesta por el ciudadano Juan José Verhelst y otros, contra la ley. En el escrito, el coadyuvante no se limita a alegar una supuesta violación de la laicidad del Estado, sino que ataca y descalifica directamente la labor de Santa Laura:

Laura Montoya Upegui hace parte de esa historia. En su labor de anunciar el evangelio católico, contribuyó a erosionar la diversidad étnica y cultural colombianas. En varias decisiones, la Corte Constitucional ha defendido el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y también ha defendido el pluralismo que de allí se deriva. Hacerle honores nacionales por medio de la política pública a quien tomó parte activa en la destrucción de la riqueza cultural de la Nación es borrar todos los esfuerzos que se han hecho por mantener tan intacto como es posible el patrimonio cultural del país.

Por lo visto, para los demandantes, cualquier acción en beneficio de la fe católica constituye un perjuicio contra la laicidad del Estado. Laicidad que, según queda visto, no es más que bandera para encubrir su verdadera pretensión: El ateísmo de Estado.

Según el autor del escrito, publicado el 27 de noviembre, la demanda (Expediente D-10438) aún acepta intervenciones de Amicus Curiae.

BOGOTÁ, 30 Dic. 14 / 09:46 pm (ACI/EWTN Noticias).- Desde 2002, el empresario Ervin Gori ha regalado dinero y terrenos a hombres y mujeres de “El Pantano” en Córdoba (Colombia) a cambio de que se sometan a esterilizaciones.

Según reporta el canal televisivo colombiano Caracol, con su idea Gori busca que las familias locales, que viven en situación de pobreza, “pasen la brecha de la miseria a una vida de bienestar”.

Para el empresario, los pobres en Colombia “se reproducen incontrolablemente”.

Gori, de padres suizos que migraron a Colombia a mediados del siglo XX, hizo una alianza con Profamilia, filial en Colombia de la abortista International Planned Parenthood Federation para la práctica de las vasectomías. En países como Estados Unidos o Perú, la Planned Parenthood ha sido culpable de la esterilización no consentida de miles de familias de raza negra o indígena.

Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood escribía en 1922:

El aumento de la clase trabajadora debe regularse, ya que se compone de imbéciles benignos, que alientan los elementos defectuosos y enfermizos de la humanidad mediante su irresponsable enjambrar y engendrar. Tenemos que eliminar la “maleza humana”, segregar a los imbéciles, desajustados y mal ajustados y esterilizar a las “razas genéticamente inferiores. 

En declaraciones a Caracol, Gori dijo que el país “está demasiado sobrepoblado y realmente la gente no debería tener sino los niños que pueda alimentar, vestir y educar bien. La gente no tiene control de eso y es bastante irresponsable, sobre todo en los estratos más pobres”.

Con la estrategia de Gori se estima que se ha evitado el nacimiento de cuatro mil niños, con un total de 336 hectáreas de tierra repartidas.

En diálogo con ACI Prensa, el Dr. Jorge Nicolás Lafferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia, señaló que “la noticia de un empresario que regala terrenos a cambio de que los pobladores se esterilicen resulta sumamente cuestionable desde una perspectiva bioética”.

“En primer lugar, la esterilización es de suyo un procedimiento éticamente reprochable porque priva a la persona sana de una función y contradice los valores humanos fundamentales”.

En segundo lugar, continuó, “la decisión de estas personas está tomada con un condicionamiento económico que afecta su libertad y por tanto se considera que su consentimiento está viciado por la contraprestación económica”.

El Dr. Lafferriere señaló que un tercer punto crítico es que “la pretensión de un empresario de esterilizar a todo un pueblo parece retrotraernos a épocas del vasallaje donde los ricos someten a los pobres con el poder del dinero”.

“Parece reeditarse, con formas más refinadas pero igualmente inicuas, la triste experiencia de las esterilizaciones forzadas de personas que han sacudido a nuestro continente y que suponíamos que no volverían a repetirse”.

El experto en bioética denunció que “las llamadas ‘campañas de salud reproductiva’ encubren, en el fondo, una obsesiva búsqueda del control poblacional a cualquier costo”.

Lafferriere subrayó que “los problemas derivados de la pobreza, entre los que ciertamente se encuentran las muy malas condiciones de vida de muchas familias y, en especial de muchos niños, no se combaten esterilizando a los pobres”.

Señaló que el verdadero combate contra la pobreza se realiza “con activas políticas públicas de promoción humana, de promoción de la familia, de educación y de acceso a vivienda y salud sin tener que, para ello, enajenar la propia libertad, en este caso la libertad procreativa”.