Las declaraciones del ministro fueron dichas durante el debate convocado por la senadora conservadora Nadia Blel Scaf, para que el Ministro de Salud respondiera por la crisis de salud en el municipio de Carmen de Bolívar luego de la aplicación de la vacuna contra el VPH. Según el ministro, la causa más probable de la crisis de las menores, es simplemente una “psicogenia masiva” provocada por miedo a la vacuna.

La senadora citante, Nadia Blel, se declaró sorprendida por el hecho de que no se han completado los índices de vacunación de otras vacunas que son fundamentales para la población infantil, mientras que el gobierno ha hecho un esfuerzo impresionante por implementar esta vacuna Gardasil. El gobierno adquirió más de 5 millones de dosis, a un costo total de 92 millones de dólares y ya se ha vacunado a cerca de 3 millones de niñas. También señaló el hecho de que en el momento en que cuando se recibieron los primeros informes de efectos adversos, el primer funcionario enviado por el Ministerio de Salud fue un psicólogo, cuando las primeras hipótesis eran por intoxicación con alimento, agua o plaguicidas. Lo único que tenían las niñas en común era que habían recibido la vacuna Gardasil.

Entre las principales irregularidades denunciadas por la senadora, sobresale el hecho de que según los protocolos del Ministerio “para eliminar las barreras de acceso a la vacunación”, no debía requerirse consentimiento informado sino desistimiento. Es decir que si los padres no desean que las menores sean vacunadas, deben firmar un desistimiento informado, de lo contrario se asume el consentimiento, pero la realidad es que se está vacunando a las menores sin que sus padres se enteren.

La senadora también denunció que entre las contraindicaciones y precauciones de la vacuna se advierte que puede provocar síncope, y que no se debe aplicar a mujeres con algún trastorno de la coagulación, o en estado de embarazo, y nunca se examinó estas condiciones en las niñas de Carmen de Bolívar. Tanto así, que la vacuna fue aplicada a niñas en estado de embarazo. “Hay una niña que no estuvo dentro de las primeras atendidas, y que tiempo después de la aplicación de la vacuna, desarrolló leucemia. Si se le hubiera preguntado a sus padres, el Ministerio habría sabido que ella sufría de anemia”, dijo.

A su vez, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recordó que las recomendaciones de las agencias de salud internacionales son reiterativas en torno a la vacunación contra el VPH. Explicó que la OPS no recomienda el consentimiento informado por ser tener efectos negativos al generar desconfianza ante las vacunas. Calificó de “inconveniente” la propuesta de la senadora Blel de que el esquema contemple hablar primero con los padres e informarles sobre la vacuna: “Reunirse con cada padre y decirles que primero hay que realizar examen a cada niña, es echar al traste el esquema completo de vacunación”, afirmó.

Sobre las denuncias por efectos adversos, dijo que “uno tiene en esto que decidir a quién creerle, si a todo el estamento científico internacional, a revistas científicas de todo el mundo, o a un charlatán de internet: Todo el acerbo científico recolectado afirma, de manera casi definitiva, que la vacuna es segura”. Reconoció que subestimaron en un principio lo que estaba pasando en el municipio de Carmen de Bolívar, aunque insistió en que “la hipótesis que está manejando el Ministerio de Salud es una reacción psicógena masiva con posterioridad a la vacunación”.

El senador Álvaro Uribe Vélez, dijo que si se han aplicado más de 5 millones de dosis de la vacuna contra el VPH, el carácter masivo de las denuncias en Carmen de Bolívar sí daría a pensar en un caso de psicogenia colectiva, pero que a la vez en otros lugares del país se han presentan denuncias aisladas de niñas con los mismos síntomas, que no pueden ser achacadas a la misma hipótesis. “Escuchamos de la comunidad que ni siquiera les habían informado de la vacunación sino simplemente les habían dicho a las niñas que se tenían que vacunar o si no les iba mal en las notas”, denunció.

El senador Honorio Henríquez recordó que en España y en Francia se han reportado denuncias similares, y hay demandas contra la vacuna por efectos adversos. También que en la India y Japón se suspendieron las vacunaciones luego de una multitud de casos de efectos negativos. Pidió acompañamiento permanente por parte de las autoridades en el municipio de Carmen de Bolívar

Por su parte, la procuradora Ilva Myriam Hoyos, delegada para los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, recalcó que desde el año 2013 la Procuraduría envió una comunicación al Ministro de Salud, expresando las preocupación por las varias comunicaciones que habían llegado desde el departamento de Antioquia. “Aquí se ha hablado de ‘histeria colectiva’, ‘fracasomanía’, ‘psicogenia masiva’, y estamos de acuerdo en señalar que el caso se subestimó. Este no es un problema de fracaso de una política pública, sino de violación de los derechos fundamentales de las menores de edad.”

Anunció que ya el Tribunal Superior de Bolívar reconoció unas tutelas instauradas por menores de edad por los efectos adversos de la vacuna. “Nos preocupa, desde esa perspectiva de los Derechos Fundamentales, que se plantee como preocupación del ministerio que el consentimiento informado impida la vacunación.” Afirmó que la “conveniencia” determinada por el ministerio, no puede eliminar la posibilidad de que los padres se opongan a que las menores sean vacunadas.

“Recibimos la denuncia de una madre de familia en Envigado que denuncia que a su hija le fue aplicada la vacuna sin su consentimiento informado, y peor aún, en el momento de la aplicación la menor se resistió pero la enfermera le dijo que era obligatorio y se la aplicó a la fuerza.” Indicó que la Procuraduría comisionó a tres procuradores delegados que visitaron Carmen de Bolívar, se entrevistaron con más de 60 familias, y sólo una afirmó haber sino informada de la vacunación.

Expresó su preocupación de que la propia normativa expedida por el ministerio de la protección Social sobre la obligación de informar, haya sido omitida. “Nuestro reclamo es que se aplique esta normativa en todo el territorio nacional, en cuanto a los requerimientos de información y la posibilidad de los padres de disentir sobre la aplicación de la vacuna” dijo.

La procuradora sorprendió al anunciar que al encontrar el nombre del Dr. Camilo Uribe Granja, toxicólogo del Hospital San José, y enviado del Ministerio de Salud a examinar a las menores de Carmen de Bolívar, le fue informado por la Fiscalía, que el Dr. Uribe Granja ha sido condenado penalmente en dos ocasiones, una por fraude procesal y falsedad en documento público contra el mismo Ministerio de Salud, y otra por peculado.

Así mismo, señaló que en el reporte que recibió la procuraduría, se informó que en la quelación que estaba siendo realizado a las niñas a las que les fue encontrado plomo, se indica también la presencia de aluminio, que sí es un componente de la vacuna. También que en la información que dio el senador Honorio Henríquez, de que sí ha habido casos negativos similares en otros países, evidencia que no se han tomado las precauciones debidas, por cuanto sí habría literatura científica sobre efectos adversos.

“Al ministerio público han llegado numerosas solicitudes de que la Procuraduría pida la suspensión del esquema de vacunación. Nosotros pedimos que se aplique con rigor el protocolo del esquema, en cuanto a información y consentimiento de los padres de familia” concluyó.

La defensora delegada para la niñez, la juventud y el adulto mayor, Cristina Hurtado Sáenz, informó que la defensoría del pueblo había recibido a la Sra. Zamira Peñalosa, madre de dos niñas internadas luego de la aplicación de la vacuna, y ella entregó a la defensoría el resultado de los exámenes practicados a las menores, que señalaban intoxicación por metales pesados.

“De las niñas de Carmen de Bolívar, 16 fueron examinadas por metales pesados, y el 100% presentaba intoxicación por plomo. Entonces el Dr. Camilo Uribe dijo que la vacuna no tenía plomo y que eso descartaba la vacuna como causal. Pero en los exámenes que fueron entregados a la defensoría había presencia de aluminio, que si es componente de la vacuna.” dijo.

Expresó también su preocupación por que el informe del Ministerio alegue una presunta manipulación por parte de padres de familia con acceso a información científica de internet, evidenciada por el uso de un lenguaje técnico impropio de la gente de la región. “Esa es una estigmatización muy perjudicial contra la comunidad.” Así mismo, considero “arriesgado” e incluso “irrespetuoso” que, después de haber hallado intoxicación por plomo en 16 niñas, se maneje como hipótesis la psicogenia masiva y no se evalúe posibles causas ambientales.

Por otra parte, el abogado que promovió la tutela de las menores afectadas, denunció que a causa del fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, la Defensoría del pueblo del departamento lo desvinculó del cargo en que trabajaba.